NEGOCIADO DE AZUCAR-ACCIONES

Caos judicial perjudica a hacienda Casa Grande
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Magistrado dictó medida cautelar que entrega empresa a representantes minoritarios.

Cambios constantes ahuyentarían a inversionistas serios, favoreciendo oscuros lobbies.

Una de las novedades que ha sacado a la luz el audio entre Genaro Delgado Parker (GDP) y Fernando Olivera es el interés de estos personajes en el futuro de la azucarera Casa Grande, elefante dormido de la industria nacional con un patrimonio que ronda la atractiva suma de 800 millones de soles.

Millones que son razón suficiente para de que GDP haya impulsado un lobby ante el Gobierno con el fin de que Grad Associates, empresa con sede en New Jersey, establezca contacto con el primer ministro Pedro Pablo Kuczynski para que esta empresa, dedicada a actividades de arquitectura y diseño, pueda adquirir el 31,36% de las acciones de Casa Grande, que son de propiedad del Estado y que actualmente son ofrecidas a la venta por Proinversión.

Ahora, vale la pena preguntarse cuál es el contexto en el que se dan estas movidas. Precisamente, en las últimas semanas diversas empresas dedicadas a la agroindustria habían mostrado su interés en adquirir estas acciones e invertir en mejorar la producción de la azucarera.

Entre estas compañías se encuentran el Grupo Empresarial Manuelita (Colombia), la Unión Agroindustrial de Cañeros (Bolivia) y el Grupo Gloria (Perú), emporios que podrían costear la inversión mínima propuesta por Proinversión y que asciende a US$ 21 millones en tres años.

Sin embargo, estas empresas podrían ser ahuyentadas por la inestabilidad administrativa que hoy vive la azucarera, gracias a una medida cautelar dictada por el juez Antonio Escobedo Medina, del 4to Juzgado Civil de Trujillo, la cual removió a su directorio y le entregó el manejo de la compañía a tres administradores judiciales.

La última de ellas, firmada el 28 de setiembre por el juez Escobedo -implicado en otros fallos judiciales que han sido cuestionados-, pone fin a un periodo de relativa paz bajo la dirección de Martín Aguayo Risco, empresario que representa a una parte importante de los accionistas particulares de Casa Grande y a un sector de sus trabajadores.

En diálogo con Perú.21, Aguayo afirma que las personas que actualmente están a la cabeza de la azucarera no cuentan con la calificación necesaria para manejar una empresa de esta envergadura, la misma que tiene ventas por US$ 40 millones al año. Además, según esta versión, ellos responderían a los intereses de Roberto Lukac Miklos, quien contaría con una deuda de S/. 180 millones con el Estado por la anterior compra de Sider Perú, a decir de Aguayo Risco.

Así, no es claro quién sería el más beneficiado con el negocio auspiciado por GDP. Según Aguayo, la cotización de las acciones de Casa Grande han bajado en la bolsa, lo que favorecería la eventual operación de compra de acciones por parte de Grad Associates u otros interesados, dado que la confusión judicial ahuyentaría a los inversionistas especializados en la agroindustria. Eso no es todo. Para Aguayo, otros operadores cercanos al poder de turno también conspirarían para que esas acciones pasen a manos amigas. En los próximos días habría nuevas sorpresas.

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