de Ansel Romero, el Sábado, 7 de mayo de 2011, 16:57
.
Sáb, 07/05/2011 – 11:47

Como ministro de Economía Carlos Boloña promovió la creación de las Administradoras de Pensiones y luego pasó a presidir Horizonte.

Era el año 93 cuando Alejandro La Jara –entonces de 47 años, 23 de ellos laborando en la empresa Castelano– recibió la visita de una representante de una AFP, quien le informó de las bondades del Sistema Privado de Pensiones (SPP) y la inminente quiebra del Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

“Sin pensarlo mucho y con la esperanza de recibir una pensión mejor me afilié a la AFP. Hoy me arrepiento de aquella decisión, pues estoy a punto de cumplir 65 años y no puedo jubilarme porque mis aportaciones al SPP son insuficientes”, señala La Jara.

Pedro Córdova es otro trabajador que a inicios de los 90 se afilió a una AFP, pero a diferencia de La Jara a él no le dieron la opción de elegir sino que simplemente lo obligaron a trasladarse al SPP, pues de lo contrario sería despedido.

“En setiembre cumpliré 65 años y pese a haber trabajado durante 40 años, la ONP no me reconoce los 25 años que aporté al SNP. En la AFP me han dicho que sin el bono de reconocimiento recibiré una pensión de S/.100 hasta agotar mi fondo”, expresa con desolación.

Alejandro y Pedro son parte de los miles de trabajadores peruanos perjudicados por una reforma que implementó la dictadura fujimorista y en la cual –una vez más– no primó el interés de la nación.

El lobby de Boloña

En 1992, Carlos Boloña Behr, entonces ministro de Economía y Finanzas, fue pieza clave en la Ley de Creación del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (25897). Actuó incluso en contra de capitales peruanos, pues promovió una ley que prohibió a los bancos nacionales participar en la constitución y administración de las AFP.

Luego de promulgar la legislación de las AFP, Boloña pasó a presidir el directorio de AFP Horizonte. Quedó en evidencia entonces que las desmedidas ventajas que se les había otorgado a las AFPs no eran gratuitas.

Por la desafiliación

Fueron los primeros jubilados de las AFP –que durante su vida laboral tuvieron ingresos mínimos– quienes descubrieron el engaño al cobrar pensiones ínfimas y menores en comparación con las que recibían sus compañeros que se mantuvieron en el SNP. Peor aún, muchos fueron informados recién que su pensión se acabaría cuando su fondo expirara. La renta vitalicia y pensión mínima son medidas que se implementarían luego.

Derecho a desafiliarse

En el 2000, por ejemplo, la Asociación Departamental de Azucareros de Lambayeque denunció que las AFP daban pensiones de S/. 300, S/. 400 y S/. 500 nuevos a sus afiliados, cuando la ONP otorgaba S/. 800 a S/. 1500 mensuales. Por ello, exigieron el derecho a desafiliarse del Sistema Privado de Pensiones. Sin embargo, no fue hasta el 2007 que se aprobó la ley de libre desafiliación a las AFP.

La norma, no obstante, establecía varios requisitos, lo que fue entendido por los afiliados inconforme como trabas. Incluso en mayo del 2009, el Tribunal Constitucional aprobó incorporar como causal suficiente para la libre desafiliación la información “indebida o insuficiente” que brindaron estas entidades durante el proceso de afiliación.

Silvia Belling, presidenta de la Asociación Nacional de Libre Desafiliación de las AFP, señala que al salir la ley de libre desafiliación se presentaron unas 200 mil solicitudes, pero que hasta la fecha solo 70 mil han podido retornar al SNP.

Reclamos ante la Defensoría del Pueblo

1.- Karim Nieto, coordinadora del Área de Derechos Laborales y Previsionales de la Defensoría del Pueblo, refiere que la mayoría de personas que buscan desafiliarse de las AFP alegan que no fueron infor-madas correctamente del SPP, que los soprendieron, que les falsificaron sus firmas para afiliarlos, que en el SNP tendrán una pensión vitalicia, así como gratificaciones, entre otras razones.

2] Lupo Gallardo, de la Asociación Asociación Nacional de Libre Desafiliación de las AFP, recomienda informarse bien antes de optar por el SPP. Advierte que en el 2008 por la crisis económica, las AFP perdieron S/. 16 mil millones de y que ahora por la caída de la bolsa de Japón la pérdida bordea los S/. 4 mil 500 millones. “Los únicos que pierden son los afiliados, pues las AFP siguen cobrando la misma comisión(…); además el gobierno toma dinero de las AFP vía los bonos soberanos”, señaló.

3]Por su parte, Yonhy Lescano, quien promovió en el Congreso la Ley de Libre Desafiliación, sostiene que los únicos favorecidos con la creación del SPP fueron las empresas privadas, así como los funcionarios del régimen fujimorista que hicieron lobby para aprobar este sistema. “Es un sistema débil e inhumano en el cual solo corre riesgo el afiliado, a quien no se le asegura una pensión digna. No hay el principio de solidaridad y no sé hasta qué punto el Estado debía responder pues se prometió que este sistema iba a ser mejor”, subrayó.

Por Rocío Maldonado

El primer paso camino al desarrollo, ahora que sabemos cómo acumular capital y hacer crecer el PBI (cosa que nadie discute, ni siquiera izquierdistas como Humala o Alan García), es respetar nuestras instituciones y nuestra democracia. No contribuimos al desarrollo si por “realistas” terminamos pervirtiendo las instituciones mismas que definen nuestra civilidad. Y eso es lo que hacemos cuando, por un lado, consideramos que el próximo gobierno lo debe formar el mismo movimiento que nos maltrató tanto; y, por otro, suponemos que si Humala sale elegido, cambiará la Constitución y se quedará en Palacio eternamente.

Quien confunda desarrollo con acumulación de capital podrá pensar que no importa la historia negra del fujimorismo. Son nuestros miedos y nuestra falta de autoestima los que nos permiten creer que las instituciones y las leyes no cuentan para nada. No es que Humala sea un candidato ideal, ni mucho menos. Es razonable temer un gobierno suyo. Pero no es comparable a cualquier candidato fujimorista. Las acusaciones por violaciones de derechos humanos son solamente eso, acusaciones. También hay los pronunciamientos aberrantes de una persona que ha cambiado mucho en el curso de los últimos 10 años, y que ha ido cambiando fuera de las presiones y conveniencias electorales. Nada ni remotamente parecido al historial judicialmente comprobado del “fujimorismo” puede imputársele a Humala.

El temor razonable que genera es por su falta de preparación para el cargo. Pero la elección tiene un solo candidato política y democráticamente aceptable. Es, además, alentador que Humala esté buscando subsanar sus carencias con la colaboración de personas de capacidad reconocida. Vemos a la persona y lo que vemos es la indignación que naturalmente produce nuestra sociedad injusta y nuestra historia de corrupción en alguien que ha ido reconociendo las complejidades del buen ejercicio del poder.

Uno de los aspectos más reveladores de la campaña contra Humala es que cuente en su contra ser militar, cuando esto debería más bien ser un punto a su favor. Fueron soldados como él quienes salieron a dar la cara contra la subversión terrorista. Nuestro ejército y nuestra policía pagó con vidas la defensa de nuestros derechos. Indudablemente merecen nuestro agradecimiento. Sin embargo, escuchamos decir Fujimori derrotó a Sendero, mientras al mismo tiempo se ataca a quien cumplió con su deber en las primeras líneas de esa lucha, arriesgando su vida para que podamos todos pensar libremente. Nuevamente, ¿no somos capaces de querernos lo suficiente, como peruanos, como para reconocer con orgullo y sin matices ni siquiera lo inobjetablemente positivo de nuestras instituciones?

Democracia no es solamente elecciones y libertad. Es también la apertura universal y equitativa de la vida política.

En nuestro país tan poco democrático, tan fraccionado, las elecciones son de los pocos momentos en los que todos nos reunimos a deliberar en conjunto. Nosotros que habitamos espacios anónimos informados por la desigualdad, nosotros que no somos iguales ni frente al mostrador de una tienda, que escuchamos decir sin desparpajo que la voluntad del pobre no cuenta, deberíamos valorar nuestras elecciones obligatorias, un acto en el cual todos los peruanos tenemos el mismo poder y del cual depende el futuro del país. Consideramos un deber participar de las elecciones; al menos en esa medida representamos en nuestras leyes la integración que nos falta en el resto de nuestra vida política. La legislación que obliga a votar a los sectores menos educados del país no es causa de nuestro subdesarrollo y de la pobreza de nuestra vida política. ¡Como si pudiésemos achacarle a los analfabetos y pobres la miseria de nuestros políticos y la ceguera y mediocridad de nuestras clases dirigentes!

Mucho del miedo que se expresa en el rechazo a Humala tiene su origen en la culpa que naturalmente produce vivir en un país donde hay más de diez millones de personas que apenas si pueden subsistir, mientras unos pocos pueden darse una vida plena. El nuestro es un país difícil. De Las Casas hablaba del oro de las Indias para referirse tanto a lo que alentaba la rapiña de los conquistadores como a la oportunidad que brindaba el nuevo mundo para quien buscaba desplegar el amor incondicional del verdadero cristiano. Nosotros somos nuestro oro, el oro del Perú. El reto que nos imponen nuestro pasado y nuestro presente es enorme. Pero ahí mismo, en nuestro capital humano, en la riqueza de nuestra identidad, y en la fortaleza que tendremos si logramos resolver nuestros problemas, está nuestro futuro. Es alentador que las nuevas generaciones busquen comprometerse políticamente. Ojalá no tengan que andar una vez más el tortuoso camino de nuestra historia.

Cuando amanezca el 6 de junio, ¿habremos avanzado en la construcción de un mejor país? Lo que el Perú necesita ahora es integración y amor propio, genuino, aquel que se muestra en el aprecio a nuestra identidad común, a la hermandad de todos los peruanos. Nuestra historia política reciente es un rosario de basura por un lado y de oportunidades perdidas por el otro. Los países no son empresas, y no los podemos dejar atrás como dejamos un empleo. Nos identifican; determinan lo que somos. Quienes olvidan estos aspectos de la vida política en nombre de la modernidad y el modelo económico, de una sociedad de autómatas productivos, expresan así las taras que desgraciadamente llevamos encima. ¿Podremos los peruanos, esta vez y cuando pareciera más difícil que nunca, sacarle ventaja a las circunstancias en aras de un Perú mejor? ¿O tendremos más bien que aceptar una vez más que estamos dispuestos a tolerar lo intolerable siempre y cuando podamos retirarnos a nuestros espacios privados, nos dejen trabajar, y sigamos creciendo económicamente?

de Ansel Romero, el jueves, 9 de junio de 2011, 21:06

Plusvalor o plusvalía

es el valor que el trabajo no remunerado del trabajador asalariado crea por encima del valor de su fuerza de trabajo y que se apropia gratuitamente el capitalista. Es la forma específica que adquiere el plusproducto bajo el modo de producción capitalista y forma la base de la acumulación capitalista.

Este concepto y definición fue desarrollado por Karl Marx a partir de la crítica a los economistas clásicos precedentes que ya la habian enunciado aunque de manera incompleta como Adam Smith y David Ricardo.

Origen del término

Conviene recordar que Marx dice específicamente, en artículos por él editados, que el concepto “plusvalía” lo toma de Ricardo, quien desarrolla hasta cierto punto teoría del valor-trabajo, dándole ese nombre. Ricardo toma como punto de partida el concepto de valor comentado por Adam Smith. Este último es el primer economista conocido, por así definirlo, que plantea el concepto de “valor” que es la base de la plusvalía o plusvalor y Ricardo criticando a Smith es el primero en desarrollarlo de manera sistemática. Pero Marx introduce por primera vez la distinción entre fuerza de trabajo y trabajo, lo cual le permite explicar de manera eficaz la plusvalía y completar la teoría del valor-trabajo, lo que no habían conseguido los economistas precedentes.

El plusvalor es un concepto indisolublemente unido a la teoría del valor-trabajo y es central para la descripción que ésta realiza de la explotación bajo el capitalismo. Estos conceptos aparecen definidos y utilizados principalmente en El Capital y en los cuadernos II y III de los Grundrisse.

Explicación

Según la teoría del valor trabajo cada mercancía encierra un valor correspondiente al tiempo de trabajo socialmente necesario requerido para su producción.[1] En el caso de un mueble esto incluye las horas de trabajo necesarias para producirlo y las horas de trabajo que fueron necesarias para producir cada una de las mercancías involucradas en el proceso de producción (clavos, maderas, herramientas, etc). La distinción anteriormente mencionada entre fuerza de trabajo y trabajo permite revelar que las horas de trabajo son en realidad horas de empleo de la fuerza de trabajo y el salario el valor para producir esa fuerza de trabajo, no el “valor del trabajo” hecho por el trabajador.[2] Siendo la fuerza de trabajo una mercancía, su valor se puede también medir en lo necesario para su reposición, es decir, lo necesario para que el trabajador —y sus futuros reemplazos— puedan existir —y reproducirse— así como para volver al trabajo cada nuevo día.

Dicho de otra manera, al obrero no se le paga por lo que produce sino arreglo a lo que él vale. Según su especialización, según las condiciones medias del país en el que vive y arreglo a ciertas oscilaciones por la oferta y la demanda de ese puesto de trabajo. Pero el obrero, al que se le paga un salario por vender su fuerza de trabajo, produce riqueza por un valor que supera en mucho el salario que él recibe. Su fuerza de trabajo es una mercancía más (y como tal es tratado el obrero y por extensión el resto de clases populares), pero es la única capaz de crear riqueza.

Suponiendo que el trabajo socialmente necesario para producir los bienes que el trabajador y su familia necesitan para vivir durante un día sea de 4 horas y que el salario del trabajador es equivalente al valor de su fuerza de trabajo; teniendo además en cuenta que el capitalista busca alquilar la fuerza de trabajo por la mayor cantidad de horas posible (aunque la extensión de la jornada laboral dependerá más que nada de regulaciones legales y de la fortaleza gremial de los trabajadores) y que es dueño de todo lo producido en su empresa; tenemos que si la jornada laboral es de 8 horas, entonces habrán 4 horas en que el trabajador reproducirá su remuneración (trabajo necesario) y 4 horas en las cuales trabajará gratuitamente, sin remuneración (trabajo excedente, o plustrabajo). El valor creado por este plustrabajo (materializado en un plusproducto) es el plusvalor, el cual es apropiado gratuitamente por el capitalista. El plusvalor, entonces, es tanto la forma específica que adquiere el plusproducto bajo el régimen de producción capitalista como la base de la acumulación capitalista.

Conviene mantener presente que “plusvalor” es un concepto que conlleva un alto nivel de abstracción. Así, no siempre es adecuado utilizarlo en casos específicos. Muchos autores prefieren mantenerlo como un concepto de análisis general: la plusvalía sería la diferencia entre el valor (o riqueza) creado por la clase trabajadora y el valor que ella recibe en su conjunto, más que la diferencia entre lo que un trabajador específico produce y lo que recibe.

Tasa y masa del plusvalor

La masa de plusvalor es la cantidad de trabajo excedente producida por la fuerza de trabajo. Por ejemplo, si la jornada laboral es de 8 horas y en 4 horas el obrero reproduce el valor de su fuerza de trabajo, la masa de plusvalor es el valor de lo producido en esas 4 horas de plustrabajo.

La tasa de plusvalor o tasa de explotación se define como el cociente entre la masa de plusvalor y el valor de reproducción de la fuerza de trabajo. La tasa muestra de este modo el grado de explotación al cual está sometida la fuerza de trabajo. Siguiendo el ejemplo anterior, 4 horas de plustrabajo / 4 horas de trabajo necesario dan una tasa de explotación del 100%.

Plusvalor absoluto y relativo

El plusvalor absoluto y el plusvalor relativo son las dos formas que posee el capitalista de aumentar la tasa de explotación.

El plusvalor absoluto consiste en aumentar la masa de plusvalor mediante el alargamiento de la jornada de trabajo. Aumentando la jornada del ejemplo anterior de 8 a 10 horas, tenemos que el tiempo de reproducción del valor de la fuerza de trabajo sigue siendo 4 horas, pero el tiempo de plustrabajo aumentó de 4 a 6 horas. La tasa de explotación es ahora del 150%.

El plusvalor relativo consiste en aumentar la masa de plusvalor aumentando la fuerza productiva del trabajo. O sea, lograr que la fuerza de trabajo produzca más en el mismo tiempo o que produzca lo mismo en menor tiempo. Por ejemplo, si la fuerza productiva del trabajo se duplica, el valor de la fuerza de trabajo se reproducirá en 2 horas en vez de 4 y el plustrabajo aumentará de 4 a 6 horas. Lo cual, asumiendo que la jornada laboral sigue siendo de 8 horas, permite elevar la tasa de explotación de 100% a 300%.

Notas y citas
1.↑ “El valor de una mercadería … depende de la cantidad relativa de trabajo que es necesario para su producción y no de la mayor o menor compensación que es pagada por ese trabajo.” David Ricardo, Principios de Economía Política.
2.↑ “El trabajo, entonces, no puede tener valor. Sería lo mismo hablar del valor del trabajo y tratar de determinarlo que hablar del valor del valor o tratar de determinar el peso no de una cosa pero de la “pesadez” en sí misma.” Friedrich Engels, Anti-Duhring, cap VI: Valor simple y compuesto.

de Ansel Romero, el Sábado, 19 de noviembre de 2011, 1:13
.

EL ACOSO EN LA ESCUELA (Proyecto de Ley- AÑO 2010).-

Con fecha 28 de Octubre del presente año, a iniciativa del Congresista de la República Yonhy Lescano Ancieta, se ha presentado el Proyecto de Ley No. 4406-2010-CR, Ley que Promueve la sana convivencia y disciplina escolar y sanciona el acoso y violencia entre escolares: Ley anti-bullying.

Saludamos la iniciativa del Congresista Lescano y le agradecemos las opiniones que nos requirió para su elaboración del aludido Proyecto, sin embargo estimamos necesario dar a conocer las sugerencias que desde un inicio propusimos y que no han sido, por ahora, tomadas en cuenta.

MARCO NORMATIVO.- Existen normas jurídicas que están referidas a la protección de los niños y adolescentes y sirven de referentes para la elaboración, aprobación y promulgación de un instrumento legal específico para el acoso en la escuela. Entre ellas pueden mencionarse:

1. La Convención sobre los Derechos de los Niños, en sus artículos 2.2., 3.1. y 3.2.

2. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 5.1.

3. La Constitución Política del Estado. (Derechos de las Personas)

4. El Código del Niño y del Adolescente.

5. El Código Civil (Libro de Familia).

6. Diversas normas de naturaleza educativa.

En lo que atañe a modalidades en donde se emplea el espacio virtual para el ejercicio del acoso escolar, existen disposiciones puntuales en cuanto a la divulgación de información que contengan escenas de la privacidad individual. IMPORTANCIA DE LA PROMULGACIÓN DE UNA NORMA LEGAL.- En la actualidad los estudiantes se encuentran completamente desprotegidos de las agresiones a que están expuestos por parte de los matones o agresores. En algunos centros educativos, advertidos de la ocurrencia del bullying, se imponen medidas disciplinarias mas rigurosas en contra de los agresores que son denunciados, que incluye suspensión y expulsión del centro educativo. En el bullying el principal problema es el silencio de los actores y espectadores, por lo tanto son unos pocos casos los que pueden ser materia de sanción disciplinaria. De otro lado, la dureza de las medidas disciplinarias no resuelve ni supera el problema del acoso porque los agresores son expulsados y su lugar –como agresor-, es asumido por otro estudiante y, también, porque la relación de asimetría de poder se mantiene intacta, lo que nos dice que el acoso escolar no puede ser encarado en base a medidas administrativas solamente. En consecuencia, la normatividad que se ensaye debe centrar su interés en los siguientes aspectos sustantivos:

1. La exigencia de que todo centro educativo diseñe y aplique Programas de prevención contra el acoso en la escuela, el mismo que debe ser dirigido y monitoreado por profesionales de la psicología y la educación especializados en el tema.

2. La exigencia de que el Ministerio de Educación constituya una Dirección y/o Jefatura que se encargue de supervisar el cumplimiento de que los CE instalen una Comisión de Convivencia Escolar, encargada de la intervención anti-bullying con carácter de obligatoriedad. Esta dirección debe estar compuesta por profesionales de la enseñanza, la psicología y la sociología especializados en el tema.

3. Los centros educativos deben proceder a la inmediata capacitación de todo su personal docente y administrativo en el conocimiento y dominio de las diversas estrategias de prevención e intervención, dado que el docente es el protagonista directo en ambas acciones estratégicas.

4. Los centros educativos deben coordinar activa y permanentemente sus acciones anti-bullying con las APAFAS, quienes deben ser incorporadas en la Comisión de Convivencia Escolar. También deben programar servicios de capacitación sobre el bullying y sus consecuencias para los padres de familia.

5. Los casos identificados de acoso en la escuela deben ser derivados a una unidad de atención profesional especializada para que se provea lo pertinente, enfatizando la orientación psicoeducativa y psicosocial para tales casos, los que deben incluir a los padres de familia.

6. Los centros educativos deben constituir a la brevedad instancias de atención para la resolución de conflictos interpersonales entre estudiantes: Centros de Mediación Escolar.

7. La norma debe puntualizar su alcance para los casos de acoso escolar que se han identificado en la escuela y no solo para aquellos que sean denunciados o se hagan evidentes por su gravedad.

8. La norma debe establecer con toda claridad los alcances de una política de convivencia que debe ser institucionalizada en la escuela, distinguiéndola de lo que es disciplina escolar, ya que los centros educativos tratan ambos conceptos como equivalentes.

9. La seguridad de las escuelas debe ser considerada una medida de interés público y constituirse en una prioridad política para el Estado, ya que el acoso escolar es un factor de riesgo para toda la población escolar sin excepción, afecta el rendimiento escolar, perturba seriamente la calidad de vida y la calidad educativa de los estudiantes, afecta los derechos humanos de los estudiantes y repercute negativamente de cientos de miles de familias.

10. La norma debe considerar la obligada participación de los padres de familia en las acciones preventivas e interventivas contra el bullying en las escuelas, promoviendo su capacitación permanente.

La finalidad de la norma no debe ser la de criminalizar el bullying en la escuela, sino marcar una obligación de las instituciones educativas para que definan actuaciones orgánicas y sostenidas en contra del acoso escolar. En otros países se han dado leyes contra el acoso en donde se privilegian las medidas punitivas contra los agresores y dejan en un segundo plano a las víctimas, a los espectadores y a las causas del acoso escolar sin que su eficacia haya sido aún acreditada.

de Ansel Romero, el Viernes, 18 de noviembre de 2011, 23:28
.

27 de junio del 2011.-

LEY No.29719 PROMUEVE LA CONVIVENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Ley 29719 Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas

Artículo 1.- Objeto de la Ley

La presente ley tiene por objeto establecer los mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier acto considerado como acoso entre los alumnos de las instituciones educativas.

Artículo 2.- Alcance de la Ley

Esta Ley regula la prohibición del acoso escolar, en cualquiera de sus modalidades, cometido por los alumnos entre si, que provoca violevncia y saldo de víctimas.

Artículo 3.- Designación de un profesional de Psicología

Declárese de necesidad la designación de, por lo menos, un profesional de psicología en cada institución educativa, encargado de la prevención y el tratamiento de los casos de acoso y de violencia entre los alumnos. La implementación de esta disposición se realiza en forma progresiva de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, cuyo plazo concluye en diciembre 2012.

El Ministerio de Educación define las funciones de este profesional, en el marco de la orientación, formación y terapia educacional individual o colectiva.

Artículo 4. Consejo Educativo Institucional (Conei)

El Consejo Educativo Institucional (Conei) de cada institución educativa realiza, además de sus atribuciones, las acciones necesarias para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento y la intimidación entre escolares en cualquiera de sus manifestaciones; acuerda las sanciones que correspondan y elabora un plan de sana convivencia y disciplina escolar, siguiendo las indicaciones emanadas del Ministerio de Educación, que recogen y concretan los valores, objetivos y prioridades de actuación que orientan y guían el mutuo respeto y la solución pacífica de los conflictos.

Artículo 5. Obligaciones del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación tiene las siguientes obligaciones:

1. Elaborar una directiva, clara y precisa, orientada a diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento y la intimidación entre alumnos, de modo que sea entendida por todos los miembros de la institución educativa.

2. Diseñar un boletín informativo sobre los principios de sana convivencia para ser difundido entre las instituciones educativas.

3. Establecer las sanciones en función de la proporcionalidad del acoso escolar.

4. Supervisar el cumplimiento de esta Ley.

5. Formular sus estadísticas, de conformidad con el Libro de Registro de Incidencias sobre violencia y acoso entre estudiantes a que se refiere el artículo 11, para evaluar el cumplimiento de las metas de reducción al mínimo de este fenómeno.

Artículo 6. Obligaciones de los docentes

Los docentes y los miembros del personal auxiliar de la institución educativa tienen la obligación de detectar, atender y denunciar de inmediato ante el Consejo Educativo Institucional (Conei) los hechos de violencia, intimidación, hostigamiento, discriminación, difamación y cualquier otra manifestación que constituya acoso entre los estudiantes, incluyendo aquellos que se cometan por medios telefónicos, electrónicos o informáticos y sobre los que hayan sido testigos o hayan sido informados. Para tales casos, dicho consejo se reúne dentro de los dos días siguientes para investigar la denuncia recibida y la resuelve en un plazo máximo de siete días.

Cuando se trate de casos de poca gravedad, los docentes deben sancionar directamente a los estudiantes agresores, sin perjuicio de su obligación de informar sobre dicho incidente al Consejo Educativo Institucional (Conei), para los efectos de su inscripción en el Libro de Registro de Incidencias sobre violencia y acoso entre estudiantes.

Artículo 7. Obligaciones del director de la institución educativa

El director de la institución educativa tiene la obligación de orientar al Consejo Educativo Institucional (Conei) para los fines de una convivencia pacífica de los estudiantes y de convocarlo de inmediato cuando tenga conocimiento de un incidente de acoso o de violencia. Además, informa a los padres o apoderados del estudiante o estudiantes que son víctimas de violencia o de acoso en cualquiera de sus modalidades, así como a los padres o apoderados del agresor o agresores.

El director comunica las sanciones acordadas por el Consejo Educativo Institucional (Conei) cuando se determine la responsabilidad de un estudiante agresor en un incidente de violencia o de acoso. Además, el director informa mensualmente a la Defensoría del Pueblo sobre los casos de violencia y de acoso entre estudiantes que se hayan presentado en la institución educativa.

Artículo 8. Obligaciones de los padres y apoderados

Los padres y los apoderados de los estudiantes víctimas de violencia, hostigamiento, intimidación o de cualquier conducta que sea considerada como acoso por parte de otro estudiante deben denunciarla ante la dirección de la institución educativa o ante el Consejo Educativo Institucional (Conei).

Los padres y los apoderados de los estudiantes que realizan los actos de violencia, hostigamiento o intimidación están obligados a brindar toda su colaboración para corregir dichos actos y deben comprometerse a cumplir con la consejería respectiva.

Artículo 9. Obligaciones de las entidades del Estado

La Defensoría del Pueblo hace el seguimiento y la supervisión del cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley por parte de las autoridades del Ministerio de Educación.

Además, realiza las acciones y los estudios necesarios con el fin de determinar el nivel de propagación de las prácticas de violencia o de acoso entre estudiantes en las instituciones educativas. Para tal efecto, las instituciones educativas, así como todas las autoridades e instancias del Ministerio de Educación le otorgan las facilidades que requiera.

Artículo 10. Obligaciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi)

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) realiza visitas inopinadas de inspección a las instituciones educativas para verificar la existencia de cualquier tipo de violencia física o psicológica y de toda forma de hostigamiento y acoso entre estudiantes, cometidos por cualquier medio, incluyendo virtuales, telefónicos, electrónicos u otros análogos, de conformidad con su rol fiscalizador de la idoneidad en servicios educativos, que establece el Código de Protección y Defensa del Consumidor; para lo cual, debe tomar declaraciones, recoger denuncias de los miembros de la comunidad educativa, realizar investigaciones, disponer las acciones de comprobación que estime pertinentes, así como imponer las sanciones correspondientes.

Los resultados de la supervisión son comunicados a la comunidad educativa, indicando, de ser el caso, la aplicación de correctivos.

El Indecopi debe informar anualmente a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte del Congreso de la República sobre las inspecciones realizadas, las infracciones cometidas por las instituciones educativas, las sanciones impuestas y los resultados obtenidos, en el marco de lo dispuesto en el primer párrafo.

Artículo 11. Libro de Registro de Incidencias

Cada institución educativa tiene un Libro de Registro de Incidencias sobre violencia y acoso entre estudiantes, a cargo del director, en el que se anotan todos los hechos sobre violencia, acoso entre estudiantes, el trámite seguido en cada caso, el resultado de la investigación y la sanción aplicada, cuando corresponda.

Alan Emilio Matos Barzola

Artículo 12.- Medidas de asistencia y protección

Los estudiantes víctimas de violencia o de acoso reiterado o sistemático y el agresor deben recibir la asistencia especializada.

Artículo 13. Entrega de boletín informativo

Toda institución educativa debe entegar al inicio del año escolar a cada estudiante y padre de familia un boletín informativo que difunda las normas y principios de sana convivencia y disciplina escolar, la proscripción de todo tipo de violencia física y psicológica y de toda forma de hostigamiento y de acoso entre alumnos, cometido por cualquier medio, incluyendo virtuales, telefónicos, electrónicos u otros análogos en la comunidad educativa.

Disposiciones complementarias finales

Primera.- El Ministerio de Educación elabora el reglamento de la presente ley en el plazo de sesenta días calendario.

Segunda.- Deróganse o déjanse sin efecto las disposiciones que se opongan a la presente Ley.